La reforma propuesta por la administración en la política de vacunación infantil se presenta como una cuestión de elección de los padres, pero los expertos médicos ven un intercambio más arriesgado: sustituir una vacuna combinada ya comprobada por un sistema más complicado que podría dejar a los niños sin protección.

El presidente Donald Trump ha pedido separar la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola en tres inyecciones y ha afirmado, sin pruebas, que la vacuna combinada podría ser “bastante letal”. Los médicos e investigadores dicen que esa afirmación es “completamente falsa”, y no encuentran ningún beneficio científico en dividir la vacuna. Se ha demostrado repetidamente que la vacuna triple vírica (MMR) es segura y eficaz, y las vacunas combinadas se asocian con tasas de cumplimiento más altas.

Las objeciones prácticas son tan importantes como las científicas. Vacunas separadas contra el sarampión, las paperas y la rubéola podrían requerir hasta seis dosis en los primeros años de vida en lugar de dos inyecciones combinadas, lo que supone más citas, más tiempo fuera del trabajo y más oportunidades para que las familias omitan o retrasen la vacunación. “Aquí no están resolviendo un problema. Están creando uno nuevo”, dijo Neil Maniar, profesor de salud pública.¹

Esa preocupación surge en un momento en que los casos de sarampión han alcanzado su nivel más alto en décadas y aproximadamente el 9% de los padres declaran omitir o retrasar la vacuna triple vírica. El pediatra Andrew Racine preguntó: “¿Por qué no daríamos a los niños una vacuna que es segura, que previene la muerte?”¹ Los críticos también advierten que cambiar las recomendaciones federales podría erosionar aún más la confianza y alentar a los estados a adoptar guías más débiles.

El material conservador proporcionado no ofrece una defensa sustantiva de la propuesta sobre la vacuna; su único artículo mencionado trata sobre cómo ver un eclipse solar.² Ese desequilibrio es importante: la política se presenta como un desafío a la ortodoxia de la salud pública, pero las pruebas ofrecidas a su favor son políticas más que científicas.