Historia
agosto 14, 2026
Harvard logra desestimar la demanda mientras la campaña de Trump sobre el antisemitismo choca con un muro legal
Un juez federal dictaminó que las denuncias de antisemitismo contra Harvard eran demasiado aisladas para demostrar una violación continua de los derechos civiles, debilitando la campaña de presión más amplia de la administración Trump sin resolver las preocupaciones en el campus.
El fallo contra la demanda de la administración Trump contra Harvard pone al descubierto una marcada división: el gobierno presentó acusaciones graves de acoso antisemita, mientras que el tribunal consideró que esos incidentes eran jurídicamente insuficientes para establecer una violación institucional continua.
El Departamento de Justicia argumentó que Harvard no había protegido a los estudiantes judíos e israelíes tras los atentados del 7 de octubre de 2023, acusando a la universidad de permitir un ambiente hostil en el campus y de recompensar a estudiantes que acosaban o agredían a sus compañeros. La narración conservadora enfatizó acusaciones que incluían cánticos de “Heil Hitler” y una agresión a un estudiante que filmaba una protesta, al tiempo que presentaba a Harvard como una institución que no había sancionado a lo que el gobierno llamó “turbas”.1
El juez Richard Stearns no desestimó las preocupaciones de fondo. Pero concluyó que el caso del gobierno dependía abrumadoramente de incidentes del año académico 2023–24 y ofrecía muy pocas pruebas de incumplimiento actual. El tribunal describió las denuncias como “demasiado aisladas y episódicas” para respaldar una inferencia plausible de que Harvard seguía violando el Título VI.2
Esa distinción es central para las interpretaciones contrapuestas. La administración trató los incidentes pasados como prueba de un fracaso institucional arraigado y buscó tener acceso a la considerable financiación federal de Harvard como palanca. Las coberturas de corte liberal, en cambio, presentaron la demanda como parte de un esfuerzo más amplio del presidente Donald Trump para obligar a la universidad a ceder en materia de antisemitismo, admisiones y políticas de diversidad, describiendo la desestimación como un revés para esa campaña.3
El Departamento de Justicia señaló que “no está de acuerdo con el fallo” y que está evaluando sus próximos pasos, dejando abierta la posibilidad de una apelación.1 La decisión, por tanto, resuelve la denuncia actual del gobierno, no la disputa más amplia sobre el antisemitismo en el campus—ni el intento de la administración de utilizar el poder federal para rehacer Harvard.