La primera visita de Vladimir Putin a las disputadas Islas Kuriles ha convertido una larga disputa territorial en una nueva confrontación diplomática, obligando a Japón y Rusia a defender versiones marcadamente incompatibles del orden de posguerra.

La respuesta inmediata de Tokio fue de protesta. Un medio conservador describió el viaje como motivo de una objeción formal japonesa, mientras que un informe de tendencia liberal detalló la citación del embajador ruso por parte del ministro de Exteriores Toshimitsu Motegi y la declaración de la primera ministra Sanae Takaichi de que la visita era “absolutamente inaceptable”.¹ Tokio afirma que las islas —conocidas en Japón como los Territorios del Norte— pertenecen a Japón “tanto históricamente como en virtud del derecho internacional”, y considera la presencia de Putin allí incompatible con su posición establecida.²

Moscú, por el contrario, presentó la visita como un ejercicio de soberanía indiscutida. Putin recorrió un hospital, se reunió con residentes y visitó una planta de procesado de caviar en Iturup, conocida en Rusia como Etorofu. Posteriormente afirmó que las cuatro islas disputadas estaban reconocidas como rusas en documentos internacionales y acusó a Japón de tratar a Rusia como una amenaza mientras mantiene sus propias reclamaciones territoriales.²

La disputa se remonta a la toma soviética de las islas en las últimas semanas de la segunda guerra mundial. Ha bloqueado un tratado de paz formal, pese a los esfuerzos previos de Shinzo Abe y Putin por reanudar las visitas a tumbas y debatir un arreglo. Esos esfuerzos se deterioraron después de que Japón impusiera sanciones a Rusia tras su invasión de Ucrania en 2022.

Los relatos contrapuestos también ocultan intereses prácticos: las islas controlan un acceso estratégico y ricos caladeros de pesca, mientras que su soberanía sigue ligada a los recuerdos de aproximadamente 17.000 antiguos residentes japoneses y a la presencia actual de unos 20.000 ciudadanos rusos. La visita de Putin no resuelve esa historia; refuerza públicamente la reivindicación de Moscú y reduce el margen de maniobra diplomático de Tokio.