El intento de Francia de mantener a los menores de 15 años fuera de las redes sociales se ha topado con una barrera constitucional: la agenda de seguridad infantil del gobierno ahora se enfrenta a un fallo judicial que considera que la prohibición en sí misma es una intromisión excesiva en los derechos fundamentales.

El Consejo Constitucional bloqueó la legislación respaldada por Macron, al concluir que “constituía una vulneración desproporcionada de la libertad de expresión y de comunicación”.¹ El tribunal también señaló que la medida no ofrecía garantías adecuadas para la protección de la privacidad y que podía abarcar servicios cuyos riesgos para los menores no se habían demostrado.

La lectura conservadora presenta el fallo principalmente como un reproche al proyecto político del presidente Emmanuel Macron: una amplia prohibición dirigida a los usuarios menores de 15 años, con independencia de sus circunstancias individuales. El tribunal objetó ese enfoque general, señalando que no tenía suficientemente en cuenta la “edad, nivel de madurez y situación familiar” del menor.¹

La lectura liberal pone mayor énfasis en el objetivo previsto de la política. El gobierno había promovido la prohibición como una protección frente a la ansiedad, la depresión, las alteraciones del sueño y el acoso en línea, mientras que Macron se había comprometido a implementarla en septiembre. Pero ese mismo informe destaca una segunda preocupación constitucional: exigir la verificación de edad para todos los usuarios podría, en sí mismo, amenazar la privacidad.²

Ese contraste define la disputa. Sus partidarios consideran que una regulación decidida es necesaria para contrarrestar los daños de plataformas como TikTok, Snapchat e Instagram; el tribunal ve una restricción demasiado amplia para estar justificada. El ex primer ministro Gabriel Attal, que respaldó la ley, calificó las redes sociales de “un veneno mortal para nuestros hijos”, al tiempo que aceptaba el fallo.²

El gobierno de Macron no ha abandonado el esfuerzo. El Palacio del Elíseo afirma que el primer ministro Sébastien Lecornu elaborará un “borrador jurídicamente sólido” que cumpla con la sentencia y con las normas europeas.² La batalla pasa así de si los niños necesitan protección a hasta dónde puede llegar el Estado para proporcionársela.