Francia avanza para reforzar sus infraestructuras críticas frente a lo que el presidente Emmanuel Macron describe como una campaña rusa en expansión por debajo del umbral de una guerra abierta. La iniciativa refleja la creciente preocupación de Europa por la seguridad, pero también la dificultad de demostrar la intención y calibrar una respuesta.

Tras consultar a miembros del gabinete, responsables de seguridad y líderes políticos en el Palacio del Elíseo, Macron pidió a su Gobierno que elaborara un plan nacional que abarcara las infraestructuras y los centros de defensa sensibles. Dijo que «la naturaleza de la agresión y las amenazas rusas en Europa está cambiando» y que la respuesta debe incluir protección contra «ataques con drones» y «ciberataques», así como frente a amenazas contra «los centros más sensibles de nuestra base industrial y tecnológica de defensa».¹

La posición francesa presenta la amenaza como física y política a la vez. Según Macron, los ataques de Moscú en toda Europa no pretenden únicamente interrumpir operaciones, sino también desalentar la continuidad del apoyo occidental a Ucrania. El énfasis en las fábricas de defensa y los centros tecnológicos sugiere que Francia considera la guerra híbrida un desafío a la capacidad del continente para mantener la ayuda militar, no simplemente un problema convencional de contrainteligencia.²

Esa interpretación amplía lo que está en juego. Las incursiones de drones y los ciberataques pueden dañar instalaciones, exponer vulnerabilidades o generar alarma pública sin activar el umbral claro de un ataque armado. Por ello, París está tratando la resiliencia —la protección de las redes, la capacidad industrial y los servicios críticos— como una parte central de la disuasión.

Sin embargo, el anuncio sigue siendo un marco general más que una política detallada. Macron no ha especificado públicamente qué centros recibirían prioridad, cómo se asignaría la responsabilidad ni qué consecuencias se derivarían de una operación rusa atribuida. El plan puede reforzar la preparación, pero también corre el riesgo de permitir que una definición amplia de la actividad «híbrida» impulse la política de seguridad antes de que se establezcan plenamente las pruebas y la proporcionalidad.