Trump ha firmado una ley de sanciones diseñada para estrangular la economía de guerra de Rusia, pero la medida también otorga al presidente una autoridad inusualmente amplia para decidir con cuánta contundencia se aplicará. El resultado es una política concebida para limitar a Moscú que, en cambio, podría ampliar el poder presidencial tanto dentro como fuera del país.

La Ley Lindsey O. Graham de Sanciones contra Rusia e Irán tiene como objetivo los ingresos rusos procedentes del petróleo y el gas, funcionarios, bancos, oligarcas, redes de armas y la llamada «flota en la sombra» de buques utilizados para eludir las restricciones. También prorroga las sanciones contra Irán, reflejando la preferencia de la administración por la presión económica como medio para obligar a Teherán a entablar negociaciones.¹

Los conservadores presentan la medida principalmente como una escalada de la guerra económica. Su explicación hace hincapié en que Rusia ha seguido financiando su guerra mediante la venta de energía y en que la ley cierra lagunas al perseguir tanto a entidades rusas como a las redes extranjeras que las ayudan. La legislación también marca un cambio en el enfoque de Washington después de que fracasaran los esfuerzos anteriores por poner fin a la guerra.

La crítica liberal acepta el objetivo declarado de las sanciones, pero se centra en el mecanismo. La ley permite a Trump imponer aranceles de hasta el 100 % a los países que compren energía rusa —incluida China— y a los gobiernos acusados de ayudar a Moscú a eludir las sanciones. También le otorga discreción para determinar qué países serán objeto de medidas, qué tipos arancelarios se aplicarán y cuándo podrán levantarse las sanciones.²

Ese contraste define la tensión central del proyecto de ley: sus partidarios ven la flexibilidad como una palanca de presión, mientras que sus críticos ven una delegación de la autoridad del Congreso con pocos límites claros. Por tanto, la medida refuerza la presión sobre Rusia e Irán y, al mismo tiempo, hace que la aplicación dependa más del criterio de un solo presidente. Su eficacia podría depender menos de las sanciones plasmadas en la ley que de cómo Trump decida ejercer los poderes añadidos a ellas.