La propuesta de Washington de vender casi 50 cazas F-35 a Arabia Saudita ha convertido una crisis de seguridad regional en una prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para compartir su tecnología militar más avanzada.

El paquete de 24.300 millones de dólares proporcionaría a Riad 48 aeronaves F-35 Lightning II, 49 motores Pratt & Whitney F135, sistemas de comunicaciones seguras, equipos de navegación de precisión y software.¹ Los partidarios presentan el acuerdo como una respuesta práctica a las crecientes amenazas de los hutíes respaldados por Irán, incluidos los ataques contra objetivos saudíes y los esfuerzos por hacerse con el control del estratégicamente importante estrecho de Bab el-Mandeb.

El argumento de la administración es tanto militar como geopolítico. El Departamento de Estado afirmó que la venta “respaldaría los objetivos de política exterior y seguridad nacional de Estados Unidos” al fortalecer a un importante aliado no perteneciente a la OTAN y promover la estabilidad en el Golfo.¹ El acuerdo también profundizaría la cooperación en materia de defensa con Arabia Saudita, a la que Washington designó como importante aliado no perteneciente a la OTAN en enero —un estatus que amplía la cooperación en seguridad, pero no garantiza la intervención militar estadounidense—.²

Sin embargo, los críticos consideran que los riesgos van mucho más allá del campo de batalla. El representante Raja Krishnamoorthi advirtió que el acuerdo podría poner “las joyas de la corona de la tecnología militar estadounidense al alcance del Partido Comunista Chino”, aludiendo a las preocupaciones sobre los vínculos de Riad y la posibilidad de que sistemas sensibles se vean comprometidos.¹ Sostuvo que Washington no debería vender sus aeronaves más avanzadas allí donde Pekín pudiera obtener acceso a la tecnología.

La administración insiste en que la venta “no alteraría el equilibrio militar en la región”, una garantía vinculada al compromiso de larga data de Estados Unidos de preservar la ventaja militar cualitativa de Israel.¹ Sin embargo, el escrutinio del Congreso determinará si esa promesa es suficiente. Los legisladores disponen de 30 días para revisar o bloquear la propuesta, y el historial de derechos humanos de Arabia Saudita, el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018 y la estrecha relación del presidente Trump con el príncipe heredero Mohammed bin Salman añaden peso político al debate.

Ambas partes invocan la estabilidad regional. Su desacuerdo gira en torno a qué la amenaza más: un socio saudí con armamento insuficiente o la propagación irreversible de las capacidades de defensa más sensibles de Estados Unidos.