El Tribunal Supremo ha despejado temporalmente el camino para que la administración Trump utilice una controvertida base de datos federal para verificar la ciudadanía de los votantes, intensificando una disputa sobre si las medidas de seguridad electoral protegen el voto o amenazan el acceso a él.

El fallo de emergencia, por 6 votos a 3, levanta el bloqueo de un tribunal inferior al sistema ampliado de Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios, o sistema SAVE. La base de datos puede utilizarse ahora para comprobaciones individualizadas que cotejen la información de los votantes con registros de ciudadanía, inmigración y Seguridad Social, aunque la ley federal sigue restringiendo las eliminaciones sistemáticas de votantes dentro de los 90 días previos a unas elecciones.¹

La administración y sus aliados conservadores presentan la decisión como una victoria para la integridad electoral. Según ellos, el sistema revisado ofrece a los estados una forma más rápida de identificar a los no ciudadanos que podrían estar registrados indebidamente. Una cuenta conservadora describió el fallo como una victoria que permite al Gobierno combinar los registros de la Seguridad Social y de ciudadanía, al tiempo que afirmó que las impugnaciones basadas en las leyes de privacidad “probablemente carecían de fundamento”.²

Los críticos ven la misma base de datos como un mecanismo propenso a errores para reducir el electorado. Los grupos defensores del derecho al voto afirman que los registros federales desactualizados ya han provocado que ciudadanos elegibles —incluidos estadounidenses naturalizados— sean señalados como no ciudadanos. La tasa general de error del sistema no es pública, y los demandantes han citado casos en los que posteriormente se demostró que una parte sustancial de las coincidencias correspondía a ciudadanos.¹

En última instancia, el desacuerdo gira tanto en torno a la autoridad como al riesgo. La mayoría del Tribunal Supremo afirmó que la ley federal probablemente permite al Departamento de Seguridad Nacional intercambiar información sobre ciudadanía con otras agencias y ayudar a los funcionarios electorales. La jueza Ketanji Brown Jackson replicó que “el daño causado por obstaculizar o privar del derecho al voto incluso a unos pocos votantes legales” supera cualquier perjuicio que la pausa del programa pueda causar al Gobierno.³

El fallo no constituye una decisión definitiva. El caso vuelve a los tribunales inferiores, dejando sin resolver si la administración creó una base de datos maestra ilegal o si simplemente reactivó una herramienta legítima para hacer cumplir las normas de votación.