El intento de Tennessee de ejecutar a Christa Pike ha expuesto, en cambio, una crisis cada vez mayor sobre si el estado puede aplicar la pena de muerte de forma segura, legal y humana. Pike sobrevivió a dos dosis de inyección letal y fue trasladada a un hospital en estado crítico, lo que obligó a los funcionarios a suspender las ejecuciones y afrontar preguntas que antes habían tratado como resueltas.

La posición del estado es procesal: Tennessee afirma que los funcionarios siguieron su protocolo aprobado y que el pentobarbital, el único fármaco utilizado en la inyección, ha sido «constantemente eficaz».¹ Pike fue condenada por asesinar a Colleen Slemmer, de 19 años, en 1995, un delito cometido cuando Pike tenía 18 años; sus abogados no cuestionan su participación, pero sostienen que su historial de abusos y enfermedad mental debería haber tenido un peso considerable en la sentencia.²

Sin embargo, ese relato explica muy poco lo ocurrido en la cámara de ejecución. Los testigos dijeron que Pike permaneció consciente, se quejó de que le ardía el brazo y pareció respirar y roncar después de ambas inyecciones. Un reportero describió la escena diciendo que «nada de lo ocurrido hoy fue normal ni típico en absoluto».³ Sus abogados afirman que padece un trastorno sanguíneo que complicó los intentos de establecer una vía intravenosa y acusan a Tennessee de no haberla ejecutado con «la dignidad humana básica».⁴

Los expertos y los defensores de la abolición ven algo más que un fallo médico aislado. El estado ya había suspendido otra ejecución este año después de que los funcionarios no pudieran establecer una vía intravenosa, y Tennessee había suspendido previamente las ejecuciones tras problemas con fármacos no probados. No obstante, el caso de Pike es distinto: el Death Penalty Information Center lo calificó de «singular y sin precedentes» porque ella seguía viva después de recibir dosis letales.⁵

El gobernador Bill Lee ha suspendido las ejecuciones restantes del estado y ordenado una revisión independiente, pero su respuesta no llega a resolver la disputa central. Los funcionarios presentan el episodio como un fallo que debe investigarse; los abogados de Pike y los críticos defensores de los derechos humanos lo consideran una prueba de que el propio sistema es demasiado secreto y médicamente poco fiable como para justificar otro intento. Como señaló un experto, dos inyecciones fallidas indican que las dosis fueron demasiado bajas o no se administraron en las venas de Pike.⁶